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La instancia de jefes de bloques fue escenario ayer de una nueva maniobra para afianzar la desconfianza y la decepción ciudadanas por el sistema democrático que se practica en el país, cuando, a pocas horas de haberse dado en el pleno un espectáculo en el que los diputados exigían la presencia de funcionarios, el próximo martes, para que expliquen aspectos relacionados con el desvío de fondos a una casa de bolsa, los encargados de bancadas se reunieron para fraguar nuevos artificios que impidan el libre acceso a la información pública.

El suceso se dio cuando aún no había terminado el murmullo de desaprobación y rechazo populares hacia la sospechada y temida desaparición de los Q82.8 millones de los “ahorros” del Congreso, colocados en la casa de bolsa Mercado De Futuros, S.A. Los diputados decidieron citar a los funcionarios mencionados antes, pero por la tarde se conoció que los jefes de bancadas habían decidido que no se les permitiera a aquéllos hacer preguntas, sino solo recibir los informes escritos con las explicaciones sobre el escándalo.

Es inconcebible que sus propios colegas decidan impedirles a los diputados su derecho a hacer preguntas, repreguntas y solicitar explicaciones de toda clase. Los datos escritos, muchas veces, si no son explicados, pueden llevar a conclusiones equivocadas, tanto positivas como negativas, pero irreales. Es evidente que el objetivo de esta maniobra es impedir que se sepa de la participación de otros congresistas y dirigentes de partidos en el escandaloso caso de los millones esfumados sin rastro alguno.

Todo esto no quita de la mente de los ciudadanos la pregunta de cuándo terminará este pillaje y esta impunidad. Los Q82.8 millones mencionados hubieran alcanzado para aumentar alrededor de 90 maestros en cada departamento, o para construir unas 275 escuelas. En un país con los problemas de salud y de educación como Guatemala, esta corrupción y este descuido irresponsables en el manejo del dinero de los impuestos constituyen un crimen de lesa patria.

Lo peor de todo es la impunidad con la que se coronan estas acciones inmorales e ilegales. Son demasiado pocos los casos de funcionarios corruptos o ineptos que han pagado sus acciones con la cárcel. Y cuando ha ocurrido, en un tiempo relativamente corto quedan en libertad, por el beneficio de la reducción de penas, o en otras ocasiones escapan y nadie sabe de ellos. Confían, y lo logran, en que los nuevos casos, más escandalosos y peores en todo el sentido de la palabra, harán que la atención ciudadana se centre en éstos y olvide los anteriores, e incluso llegue al colmo de pensar que un gobierno pasado fue mejor porque no robaba tanto.

Para cualquier persona con un mínimo interés en el presente y el futuro de Guatemala resulta preocupante la casi total certeza de que estas maniobras hagan que la mayoritaria población joven empiece a pensar en que tal vez sea mejor una dictadura o un gobierno autoritario. De la cordura y de la vergüenza de los diputados actuales depende en mucho que ello no suceda.