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Los recientemente finalizados Juegos Olímpicos de Pekín sirvieron para comprobar una vez más que el deporte de Guatemala no tiene la más mínima posibilidad de tener algún logro en una competencia de este tamaño y a escala mundial.

Esto, a la vez, obliga a pensar en cómo se debe enfrentar la práctica deportiva en el país, así como a decidir qué cantidad de dinero del Estado se justifica darle a cualquiera de las diversas disciplinas y cuál es la forma en que se debe organizar el deporte para que cumpla su fundamental misión en beneficio de la juventud, y que se olvide la posibilidad de tratar siquiera de obtener un lugar modesto.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco son las máximas entidades deportivas del país, y los problemas que han afrontado desde hace mucho tiempo han sido conocidos públicamente. Con el paso de los años se ha comprobado que, en realidad, no existe un verdadero interés por el deporte. El ejemplo de estas olimpiadas es claro: en la delegación guatemalteca había más invitados que atletas. Es inaceptable.

El Comité Ejecutivo de la CDAG convocó a una asamblea que se efectuará hoy, para definir cómo serán repartidos entre las diversas federaciones los Q35 millones obtenidos como primer pago de la venta de los terrenos del Hipódromo del Sur. La idea de que todas estas entidades deportivas reciban parte de ese dinero podría ser justificada, pero el problema es que se desea dividir la suma entre 44 deportes, sin ningún análisis, para quedar bien con todo el mundo.

Es importante señalar que algunos deportes son populares, y otros no pueden evitar ser elitistas, por los gastos que implican los implementos o aparatos necesarios. Quienes los practican son personas cuya situación económica les permite sufragar cualquier gasto, para lo cual no se justifica usar para ese propósito el dinero de los impuestos. Esto significa que aquel fondo debe ser repartido de acuerdo con criterios como el número de practicantes, el beneficio para la comunidad por practicarlos, etcétera.

Los deportistas guatemaltecos, en su mayoría, no pueden pasar de donde llegan, porque la infraestructura no lo permite y, en demasiadas ocasiones, la dirigencia no cumple a cabalidad con sus funciones. Otro problema lo constituye la manera sui géneris en que es interpretado el concepto de autonomía, que no debería ser considerado sinónimo de libertad total y de imposibilidad de control estatal real de los gastos, contrataciones, viajes, viáticos y demás aspectos relacionados con la tarea de dirigentes, entrenadores y atletas.

La reorganización que necesita el deporte debe incluir cambios en la dirigencia, para corregir el rumbo. El control gubernativo planificado y efectivo de los fondos también es imprescindible y, en general, es necesario despertar a la realidad de una organización guatemalteca que, de no arreglarse, seguirá siendo una fuente inacabable de despilfarro de fondos públicos.