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Sigo con el tema del Tribunal Latinoamericano del Agua. Si el sistema de justicia funcionara, si las leyes y los reglamentos vigentes se cumplieran, un tribunal ético no tendría razón de ser. Este esfuerzo ciudadano de búsqueda de justicia, que aunque no es vinculante sí es legítimo, se basa en principios técnicos y científicos. Quien denuncia tiene que presentar pruebas contundentes, y los acusados pueden defenderse. El antecedente del Tribunal Latinoamericano del Agua fue el Tribunal de Agua de Rotterdam, y es importante el precedente sentado por las compañías, productoras de agroquímicos y fertilizantes asentadas en las márgenes del río Rhin, que fueron acusadas de su contaminación, las cuales —como respuesta— iniciaron un proceso de limpieza e instalaron plantas de monitoreo, con lo que se descontaminó considerablemente el río.

En la historia del tribunal latinoamericano se han presentado unas 80 demandas por contaminación de agua en la región, y también se han obtenido resultados importantes. En el caso presentado contra la compañía Del Monte, acusada de impactar negativamente ecosistemas hídricos en su producción de piña en Costa Rica, la compañía acogió la jurisdicción del tribunal y se organizó un viaje de campo, con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental de la empresa, con lo que se minimizó el nivel de conflicto. Como respuesta a una denuncia presentada por un grupo de mujeres en contra de la compañía Kimberly Clark, ésta invirtió dos millones de dólares para mejorar su planta de procesamiento de papel. La compañía Miguel Facusé-Cressida Products, acusada de contaminación, se presentó a responder; el tribunal dictaminó que no era la única fuente de contaminación; posteriormente se inició un proceso de resolución de conflictos.

El Estado de México se presentó a responder una demanda presentada en su contra, en la audiencia del año 2006 en aquel país. El Ministerio de Ambiente de Costa Rica, dirigido en aquel momento por Elizabeth Odio Benito (actualmente magistrada del Tribunal de la Haya), al presentarse a responder una denuncia en su contra, reconoció públicamente la importancia de estas instancias. La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá ha anunciado que vendrá a la audiencia que se celebrará en Guatemala, para responder a una denuncia presentada en su contra. Los gobiernos responsables ante la sociedad civil reconocen estas instancias como legítimas, y pueden aprovechar estos espacios para resolver conflictos. Entre los casos que se presentarán en la audiencia en Guatemala, del 8 al 12 de septiembre, la denuncia de contaminación hídrica contra la compañía minera Goldcorp, en San Marcos, debería despertar interés de funcionarios públicos y de la ciudadanía en general.

Actualmente, las y los guatemaltecos que viven alrededor de la mina Marlin están viviendo una auténtica pesadilla: sus comunidades están divididas entre aquellos que trabajan para la mina —que no son muchos— y quienes están en contra de la destrucción de sus montañas y la contaminación de las aguas. Desde que Montana/Goldcorp empezó, en el 2005, la explotación de oro, el Gobierno de Guatemala ha demostrado una deferencia incomprensible hacia la transnacional minera, y ha permanecido indiferente ante la resistencia de Sipacapa y otros municipios de San Marcos. Ojalá los funcionarios de este gobierno, aunque no sean personalmente los responsables, aprovechen esta oportunidad para empezar a corregir esta ruta al infierno por la que nos arrastra la minería metálica.