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LA PAZ (AFP) - Líderes opositores de tres regiones de Bolivia anunciaron movilizaciones en defensa de dirigentes cívicos detenidos los últimos días acusados de sedición y ante la posibilidad de que el gobierno decida encausar a gobernadores rebeldes, una acción que podría reactivar la violencia política en este país.

La primera acción concreta será un paro de 24 horas este miércoles en el sureño departamento de Tarija, que es el mayor productor de gas del país.

Rubén Costas, prefecto (gobernador) de Santa Cruz y principal opositor de Evo Morales, denunció que el gobierno comete una serie de "atropellos" en la detención de una veintena de líderes cívicos y anunció gestiones conjuntas con su colegas de Tarija y Chuquisaca para revertir estas medidas.

El prefecto opositor señaló que los miembros del Ejecutivo "están nerviosos" ante la cercanía del referendo por la nueva Constitución convocada para el 25 de enero y dijo que las detenciones se llevan adelante "para que la población pierda la tolerancia" y se desborde en otras acciones violentas.

Costas informó que junto a su colega de Tarija, Mario Cossío, y a la prefecta de Chuquisaca, la indígena opositora Savina Cuéllar, viajarán el miércoles a Ecuador para denunciar ante la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios "las ilegalidades cometidas en el país".

Señaló igualmente que horas antes se reunirá con los líderes cívicos para analizar la situación de las regiones rebeldes y que de ser necesario se aprobaran medidas de protesta en las que no se descarta movilizaciones y un paro de actividades, como el que se cumplirá el miércoles en Tarija.

Hasta el momento fueron detenidas 23 personas acusadas de participar en la toma violenta de entidades públicas en septiembre pasado y por la muerte de al menos 16 campesinos leales a Morales en Pando en una acción calificada por el Ejecutivo como una matanza, cuando Bolivia se encontraba la borde de una guerra civil.

Por esas muertes el prefecto opositor Leopoldo Fernández, un viejo líder de derechas, está recluido en una cárcel de La Paz, donde también fueron trasladados recientemente tres líderes radicales de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque del poderoso comité cívico-empresarial de Santa Cruz.

Un grupo de dirigentes juveniles de esa entidad se refugió el lunes en la catedral de esa ciudad para evitar su supuesta detención mientras otro grupo marchó por el centro de la ciudad en protesta por las detenciones.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, al ratificó el paro cívico para este miércoles en defensa de sus líderes detenidos en La Paz acusados de volar un ducto en el sudeste de La Paz, dijo que "no hemos cometido ningún hecho ilegal, y no podemos ser tratados como delincuentes".

Añadió que lo único que hizo en septiembre fue "defender a su pueblo y si ese es el costo que tengo que pagar, lo haré con dignidad".

Mientras tanto un grupo de campesinos leales al gobierno anunciaron una marcha hacia la ciudad tarijeña en oposición al paro cívico.

En la misma dirección se pronunció la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar: "si quieren investigarnos que nos investiguen", señaló al confirmar que se reunirá con sus colegas opositores para analizar la situación.

El Gobierno ha criticado la decisión de los cívicos opositores de asumir medidas de presión y a través del vocero presidencial, Iván Canelas, ha calificado estos intentos como de "protección a quienes supuestamente han cometido delitos contra el Estado".

Canelas planteó "dejar en manos del ministerio Público y de la justicia la investigación de los hechos".

Cinco regiones bolivianas -Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca- se convirtieron en los últimos meses en el principal bloque de oposición al presidente Morales, aunque a partir de la crisis de septiembre han perdido fortaleza.