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La ley y la justicia están en deuda con 20 municipios del país que por diferentes razones carecen de sede de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos, los recién constituidos Raxruhá, Alta Verapaz, y Unión Cantinil, Huehuetenango.

Según datos de la PNC, al menos cinco de esos municipios nunca han tenido sede policial; en el resto, Gobernación decidió cerrarlas, por conflictos con la población.

Cualquiera que sea el caso, los vecinos de esos municipios no necesitan la presencia de la Policía para que haya paz y orden.

En algunos casos, los pobladores han creado juntas de seguridad, y en otros, el alcalde ha formado su propia policía armada, que actúa de forma similar a la PNC.

El problema, según denuncias que pobladores de esos lugares han hecho llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Ministerio Público, es que quienes tienen el poder en el pueblo abusan, y a veces no hay quién los detenga.

Por ello, muchas poblaciones han solicitado el retorno de la autoridad, pero no lo han logrado, debido a que la PNC pide garantías para el regreso.

Entre los municipios sin ley están: San Bartolomé Jocotenango, Uspantán y Cunén, en Quiché; Santa Clara La Laguna y San Pablo La Laguna, en Sololá; Raxruhá, Alta Verapaz, y Santa Apolonia, en Chimaltenango.

San Francisco La Unión, Cajolá, Almolonga y Zunil, en Quetzaltenango; tampoco tienen presencia de la autoridad, al igual que Concepción Tutuapa, Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos.

El departamento más afectado es Huehuetenango, en donde seis municipios están sin presencia de autoridad: Santa Bárbara, Santiago Chimaltenango, San Gaspar Ixchil, Unión Cantinil, Ixtahuacán y San Rafael La Independencia.

En el departamento de Guatemala también hay lugares donde la Policía no quiere entrar, uno de ellos es San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc.

En el 2005, se cerró la sede policial, luego de que la población quemó la subestación y atacó a varios agentes, quienes supuestamente estaban protegiendo de la turba a transportistas que habían aumentado el pasaje del transporte extraurbano.

Desde el retiro de la Policía, los vecinos se han visto en la necesidad de organizarse, para evitar actos delincuenciales en la zona. Han dividido el pueblo en cuatro cantones, y se coordinan para hacer justicia por propia mano.

Un coordinador vecinal, Reyes Pixtún Suret, afirma que la población está organizada, y que cuando un delincuente es atrapado, deben esperar horas para que lleguen agente y entregarlo.

En algunas ocasiones se han cometido abusos y ha habido equivocaciones, por lo que algunos vecinos piden el regreso de la autoridad. “Se han incrementado los delitos desde que se fue la Policía, pero no hay forma de que regresen”, dice un poblador que no quiso ser identificado, por seguridad.

“La gente no tiene límite. No hay ley, y cuando ocurren hechos ilícitos, los vecinos actúan aplicando sus propias normas”, agrega.

Los residentes aseguran que denunciar los abusos que los integrantes de las juntas locales cometen no es fácil, porque la sede más cercana de la PNC queda a unos 14 kilómetros.

Curiosamente, en los lugares donde no hay policía se reportan menos crímenes. Expertos consultados opinan que una razón puede ser la falta de datos estadísticos debido a la ausencia de partes policíacos.

Todos los municipios sin autoridad suman solo 25 delitos el año pasado, lo que parece poco para una población acumulada de 188 mil 193 habitantes.

Ocho de ellos no reportaron ni un solo delito en todo el 2007, mientras que cuatro, solo uno. Este es el caso de Uspantán.

Clemente Pinula, jefe de la Policía Municipal de ese municipio, creada por el alcalde tras la salida de la PNC, asegura que los datos proporcionados por las autoridades están errados, y que del 13 al 16 de julio recibieron 15 denuncias de actos ilícitos, entre ellos usurpación de propiedad y tala ilegal de árboles.

“No es que no haya denuncias, es que ellos (PNC) no se enteran, porque no tienen sede aquí, y la población denuncia con nosotros”, explica Pinula, quien tiene bajo su mando a seis agentes municipales más.

Esa pequeña fuerza se hace cargo de todo el municipio, realiza capturas en flagrancia y entrega a los detenidos y denuncia en los juzgados.

“Cuando llamábamos a los agentes de la PNC de municipios vecinos, nunca venían; ahora, los entregamos al juzgado, e incluso realizamos patrullajes”, cuenta Pinula.

En otras ocasiones, son las mismas comunidades sin autoridad las que se organizan y hacen cumplir la ley, o “su ley”.

Huehuetenango, en crisis

Huehuetenango tiene seis municipios sin presencia fija de la PNC, lo que lo sitúa a la cabeza de los más ingobernables. Los alcaldes, líderes comunitarios y grupos organizados han solicitado en varias ocasiones la presencia de la Policía, pero no han obtenido respuesta.

Pedro Samayoa, de la Comisaría 43, informa que de los seis municipios en cuestión, San Gaspar Ixchil y Unión Cantinil nunca han tenido subestación.

Los pobladores deben acudir a las subestaciones de otros municipios para presentar denuncias y realizar alguna diligencia, incluso para solicitar la presencia del juez de Paz cuando hay alguna persona fallecida.

En el caso de Unión Cantinil, ya se hizo la solicitud para tener sede policial, pero no han obtenido respuesta aún. En Raxruhá, el alcalde designado afirma que la Policía es prioridad para ese municipio.

Ese municipio, que desde el 5 de marzo se separó de Chisec, permanece como tierra de nadie, como admitió su alcalde, Óscar Corleto Rivera.

“Ya he solicitado la presencia de Policía al comisario en Cobán y al mismo Ministerio de Gobernación, pero me piden que les dé un inmueble, y yo no tengo fondos ni para las instalaciones de la alcaldía; mientras eso no se decida, este es un pueblo sin autoridad”, manifiesta.

Solicitan regreso

La mayoría de comunidades que han expulsado a la Policía ya han solicitado su regreso; tal es el caso de los municipios de San Marcos.

Vitelio Pérez, alcalde de Tajumulco, solicita a Gobernación Departamental la reinstalación de la subestación: “Espero tener respuesta positiva, pues la gente ha cambiado, y necesitamos a la PNC, debido a la delincuencia que se ha desatado”.

También Abelino Reynoso, concejal de Concepción Tutuapa, manifestó que han presentado la solicitud correspondiente y están en espera de la respuesta del gobernador, Francisco Mérida. “Esta es prioridad de la nueva administración municipal, pues la población está desamparada”, expresa.

Rolando Rodríguez, de la Coordinadora Departamental Ciudadana de Concepción Tutuapa, explica: “La población hace lo que quiere, mientras que otras instituciones tienen que mediar en los problemas que se registran, para evitar mayor violencia”.

Como respuesta a esas demandas, el comisario Manuel Salguero, jefe de la PNC de San Marcos, admitió haber recibido las solicitudes para el retorno, pero asegura que no pueden hacerlo si no les ofrecen garantías.

Carlos Francisco López, alcalde de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, señala que han solicitado la reinstalación, sin respuesta aun, y que le preocupa que por lo inaccesible de su municipio se requieren hasta seis horas para que lleguen los agentes.

Mientras las comunidades siguen sin fuerza pública, los abusos continuarán a espaldas de las autoridades, que incumplen el mandato constitucional de proporcionar seguridad a la población.