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Los consensos en torno a la iniciativa de ley de armas, que se discute en el Congreso, parecen lejanos. Mientras sectores empresariales reclaman menos restricciones en cuanto al número de armas y municiones que se puede adquirir, parte de la sociedad civil está a favor de que se incrementen esas limitaciones.

El único acuerdo al que se llegó ayer, durante una reunión de la Comisión legislativa de Gobernación con la Cámara del Agro y la Gremial de Empresas Privadas de Seguridad, es que se debe debatir más. Por eso programarán una nueva cita, en la que participarán empresarios y organizaciones sociales, para discutir sus ideas y posturas.

“Tomará tiempo, pero hay que debatir; no importa si logramos consensos en una reunión o si lo hacemos en 20, pero hay que hacerlo”, expresó Raúl Minondo, de la citada gremial.

Elizabeth Donis, diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza e integrante de la sala de Gobernación, coincidió en la necesidad de ese debate, pero pidió la colaboración de los diferentes sectores sociales, para que comprendan que “no se puede quedar bien con todos”.

En tanto, Luis Mendoza, presidente de esa comisión —a quien se ha criticado por ser propietario de dos ventas de armas, en Alta y Baja Verapaz, aunque él asegura que ya no tiene relación con éstas—, refirió que la propuesta de ley ya se ha discutido suficiente, y que se debería apresurar su aprobación.

¿Restringir o permitir?

Los disensos se centran en el número de armas y municiones que se podrá obtener. Ayer, Carlos Zúñiga insistió en que no se debe limitar “el derecho constitucional a portar armas para defender la vida. El Estado es débil y no garantiza nuestra seguridad”, argumentó.

La iniciativa que se discute en la Comisión de Gobernación daría libertad para adquirir hasta mil municiones semanales y portar un número ilimitado de armas. Un proyecto anterior proponía autorizar tres armas por persona, y no más de 300 municiones mensuales.

“Habría que preguntarse si con restringir la compra de municiones bastará para reducir la criminalidad, o si, en cambio, se requiere también fortalecer el sistema de justicia, por ejemplo”, refirió Minondo.

La Fundación Myrna Mack ha insistido en que se deben fijar límites.

Otro aspecto que origina opiniones encontradas es quién debería hacerse cargo del control de las armas y municiones. Unos proponen que el Ministerio de la Defensa continúe con esa labor, y otros, que sea el Ministerio de Gobernación.