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Guatemala ratificó el protocolo de la convención que obliga a cada país suscriptor a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su territorio.

El acuerdo, signado por el presiente Álvaro Colom, el pasado 17 de marzo y publicado hoy en el oficial oficial, supone la responsabilidad de fortalecer la protección de las personas privadas de libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos.

“El objetivo del presente protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura”, reza el artículo número uno del convenio.

El pacto, de acuerdo con la publicación oficial, fue suscrito el 25 de setiembre de 2003 y aprobado por el Congreso de Guatemala el 7 de noviembre pasado; el presidente lo ratificó el 17 marzo y el instrumento de ratificación fue depositado en la ONU el 9 de junio de 2008.

Aunque hoy fue de conocimiento público, el mismo entró en vigencia el 9 de julio, un mes después que el organismo mundial recibió en depósito el instrumento de ratificación.

Sin embargo, el mismo compromiso establece, en su artículo 24, que una vez ratificado, cualquiera de los Estados partes, podrán hacer una declaración para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones por un período de hasta tres años, prorrogable por dos años más, previa autorización del Subcomité para la Prevención.

Con la adhesión a dicha Convención, Guatemala se compromete también a crear y mantener, a más tardar en un año, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional.

Ante ello, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, calificó de positiva la ratificación de la Convención, toda vez que, a su criterio, los privados de libertad, especialmente las mujeres, continúan siendo víctimas de vejámenes, en su mayoría, por miembros de las fuerzas de seguridad.

“Creemos que el sector más vulnerable son las mujeres, pues existen denuncias que han sido víctimas de violación por parte de las autoridades”, refirió.

En tanto, el director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, quien también expresó su beneplácito por la adhesión de Guatemala a dicho mecanismo, explicó que entre la población vulnerable también habría que incluir a jóvenes, trabajadoras sexuales y a los homosexuales.

AFP