Prensa Libre - Edición Electrónica

Una prueba de ADN le dio la certeza a Ana Escobar que la niña que volvió a sus brazos en mayo pasado era la misma bebé que le había sido robada en 2007 e iba a ser dada en adopción a través de una serie de ilegalidades.

“Es la primera vez que se logra demostrar con pruebas irrefutables, que un niño robado entró al sistema de adopciones”, dijo Jaime Tecú, director del equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de Adopciones (CNA).

El proceso para dar en adopción a la niña contaba con toda la documentación necesaria, incluida una prueba de ADN e iba a ser entregada a una pareja estadounidense cuya identidad no fue revelada.

“No encuentro cómo explicarle la emoción que siento, la alegría que tengo... es un milagro de Dios”, dijo Escobar.

Con la nueva evidencia, el funcionario del CNA informó que denunciaron al técnico que hizo la prueba falsa de ADN, al médico que certificó el nacimiento, a la madre que prestó su identidad para el trámite, a los registradores civiles que fabricaron los documentos falsos y al abogado que controlaba el trámite de adopción.

“Es toda una red la que había y vamos a ir contra ellos”, afirmó Tecú.

La niña fue raptada por hombres armados el 26 de marzo de 2007 en una pequeña zapatería que Escobar y su entonces esposo tenían en un barrio popular del norte de la capital guatemalteca.

“Me encerraron en una bodega y cuando pude salir ya no estaba mi hija”, relató la mujer en agosto de 2007, cuando vivía un calvario recorriendo orfanatos y guarderías en busca de su hija.

Escobar recuperó a su hija, Esther Zulamita en mayo, cuando la reconoció en brazos de una mujer a quien un abogado le encargó cuidarla mientras se completaba el proceso para dar a la niña en adopción.

El Congreso aprobó a finales de 2007 una nueva ley de adopciones para limpiar un sistema plagado de irregularidades y corrupción, en la que había redes dirigidas por abogados que se encargaban de todo el proceso, desde reclutar mujeres embarazadas, tramitar la adopción, conseguir los permisos migratorios, entre otras cosas.

Por cada adopción, los abogados cobraban a los estadounidenses hasta US$30 mil.

La nueva ley permitía que los casos iniciados antes de su aprobación continuaran bajo las reglas anteriores, pero el gobierno detuvo dos mil 286 procesos y ordenó revisarlos en mayo, lo que implicó entrevistar a las madres biológicas y fichar a los niños antes de aprobar las adopciones.

En ese proceso, Escobar detectó a su hija el 9 de mayo. La niña tenía un certificado de ADN que confirmaba, con un 99.99 por ciento de autenticidad, que otra mujer era la madre. Pero Escobar no cedió ante esa evidencia.

“Era tanta la seguridad que demostró ella (Escobar) de que se trataba de su hija que pedimos el allanamiento de la casa donde supuestamente tenían a la niña”, dijo Tecú.

Jorge Meng, vocero de la Procuraduría General de la Nación, entidad que supervisaba que los trámites cumplieran con todos los requisitos, agregó que “pedimos una prueba de ADN, porque es la única forma de constatar que se trata de la madre”. Y ante las sospechas, un juez puso a la niña bajo custodia de Escobar hasta dilucidar su verdadera identidad, indicó Tecú.

El pasado viernes los resultados de la prueba de ADN le confirmaron a Escobar que la niña en disputa es su hija.

AP