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LA PAZ (AFP) - Una magistrada del Tribunal Constitucional (TC) boliviano, paralizado hace medio año por falta de quórum, ordenó frenar el referendo revocatorio de mandatos de agosto, en una decisión que no debería surtir ningún efecto jurídico aunque le da un arma más a la oposición.

La magistrada Silvia Salame del TC, organismo paralizado tras la renuncia de los otros cuatro miembros de ese tribunal, consideró que la Corte Nacional Electoral (CNE) debe frenar el referendo revocatorio hasta tanto ese órgano de control constitucional se pronuncie sobre una demanda interpuesta por un diputado opositor contra ese proceso electoral.

El presidente de la Corte Nacional Electoral, que organiza el referendo, simplemente ignoró la declaración de Salame considerando que no tiene ningún efecto legal.

"Se ha dado pleno cumplimiento de la constitucionalidad y mientras no haya fallo del Tribunal Constitucional o una ley del Congreso, el referendo revocatorio del 10 de agosto sigue adelante", dijo en rueda de prensa el presidente del tribunal electoral, José Luis Exeni.

La decisión de Salame levantó de inmediato polémica en el país y provocó que el gobierno anunciara que la procesará por prevaricato.

Para los miembros del gobierno, como el viceministro de Coordinación, Sacha Llorenti, la opinión de Salame "no tiene efecto legal alguno".

El ministro de Defensa y abogado constitucionalista, Walker San Miguel, dijo que "un acto electoral no puede ser frenado por un acto de prevaricato, el Gobierno Nacional tiene la decisión de presentar la querella criminal por prevaricato (...) porque si es evidente que ha emitido esa opinión oficiosa simplemente está usurpando funciones que no le competen".

San Miguel consideró la posición de la magistrada como una "cantinfleada" (humorada sin pies ni cabeza).

"Lamentamos este acto político que además ofende a todos los abogados", le dijo San Miguel al diario La Razón.

"Hice el pronunciamiento oficial. El Tribunal Constitucional no tendrá quórum para dictar resoluciones, pero sí tiene atribuciones para hacer respetar la institucionalidad", respondió Salame.

"No me he quedado a cuidar la puerta del Tribunal", agregó la magistrada.

Según el reglamento del TC, las decisiones deben tomarse por mayoría de sus cinco miembros, cuatro de los cuales renunciaron por una crisis en el organismo tras enfrentamientos con el gobierno que le cuestionó honestidad.

El presidente del opositor Senado boliviano, Oscar Ortiz, dijo que "en este momento, en el campo constitucional, en el campo político, hay que mantener la serenidad".

El constitucionalista Carlos Alarcón dijo a la católica radio Fides que la Ley del Tribunal Constitucional establece que cualquier recurso que reciba el TC debe ser admitido por tres miembros, lo cual no es el caso ahora.

Los recursos al revocatorio "debían ser recibidas por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, la cual no existe por la falta de miembros", dijo.

La totalidad de los magistrados del TC fueron elegidos en las postrimerías del gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (que fue depuesto por una rebelión popular en octubre de 2003) mediante acuerdos entre los partidos tradicionales.