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El anuncio del Partido Patriota, que decidió ayer pedir a su diputado por Jutiapa, Aníbal Salguero, retirarse temporalmente del Congreso y de esa agrupación, es un hecho que necesita ser analizado desde todas sus perspectivas. Es válido considerarlo un esfuerzo por depurar las filas de los partidos políticos, en una especie de lo que se podría llamar “antejuicio interno”, a fin de permitirle solventar su situación legal.

El caso demuestra de nuevo la manera poco cuidadosa con que los partidos políticos guatemaltecos escogen a quienes van a representarlos en el parlamento o son aceptados para integrar sus filas. Llamarlos a participar en los listados electorales constituye en la realidad práctica un premio a la colaboración económica otorgada para las campañas políticas, y no tiene nada que ver con capacidades para el desempeño de un cargo electoral ni con la investigación interna que debe haber respecto de cómo estas personas se comportan en sus actividades cotidianas.

El diputado Salguero es el dueño del autobús Cubanita, que en febrero se estrelló en la fatídica curva El Chilero, en la ruta a Jutiapa, con el gravísimo resultado de 53 muertos. La situación para él se complicó cuando —según el Ministerio Público— presentó un documento con firmas falsas, como prueba de que, poco antes de esta nueva muestra de irresponsabilidad en las empresas, había vendido el mencionado bus, que de todos modos carecía de autorización proporcionada por la Dirección General de Transportes.

Es un hecho que las pruebas circunstanciales en contra de ese diputado son muy fuertes, y por ello se justifica la medida disciplinaria, sobre todo porque hace poco el propio dirigente principal patriotista se vio obligado a explicar que a nivel personal había efectuado un préstamo a la empresa Mercados de Futuros. Allí habían sido depositados 82 millones de quetzales pertenecientes al Congreso, hecho que arrolló al presidente de ese organismo, doctor Eduardo Meyer, alto dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Guatemala vive desde hace mucho tiempo un ambiente político enrarecido, en el cual la confianza ciudadana se desintegra, entre otras causas, por la actitud de protección entre dirigentes y diputados, para evitar o disminuir los escándalos por sus actuaciones. Por ello, la decisión del Partido Patriota debe verse como un paso inicial en el camino correcto, porque ayuda a que comience el por ahora inexistente proceso de confianza popular en la dirigencia política.

Los partidos políticos están obligados a aplicar dentro de sus filas las medidas correctivas necesarias, para evitar sufrir los efectos de acciones ilegales e incorrectas en las que puedan incurrir sus integrantes. Haber cometido el error de apañarlas es uno de los motivos por los que desaparecen del escenario después de no más de dos o tres elecciones. La autodepuración se está convirtiendo en una urgencia para que los partidos puedan permanecer en el constantemente cambiante escenario político nacional.