Y pasó la Semana Santa. Apenas ayer se conmemoró lo que debería ser la principal festividad en la religión cristiana: la Resurrección; aunque, como bien alguien lo ha señalado, los guatemaltecos (as) rememoramos más el sufrimiento de la Pasión y Muerte que precedió al inicio de la posibilidad de la salvación humana, según la fe que inspira estas creencias.

Para algunos, la resaca está en su pleno apogeo, y seguramente necesitarán varios días para poderse poner a tono con la dinámica cotidiana de la vuelta al trabajo. Para otros, será la semana de hacer las cuentas por las ganancias obtenidas mediante la prestación de los servicios que posibilitaron la distracción, convertida ocasionalmente (o generalmente) en excesos. En el caso de nosotros (as), los habitantes de las áreas urbanas, es la vuelta a la incertidumbre sobre el regreso diario a casa, después de haber jugado la ruleta rusa del autobús que puede ser asaltado o el carro robado. Para otros, que muy probablemente no son la mayoría, ha finalizado un período de reflexión, de cara a nuestro compromiso cristiano con nosotros (as) mismos y con nuestros semejantes.

Pero para la inmensa mayoría de los habitantes de este país, esos que constituyen el 80 por ciento de la población, que son pobres o miserables, la semana de Pascua, igual que las que restan del año, será de similar penuria que la más sufrida y pesada procesión de Santo Entierro. No hay comida, ni salud, ni educación, ni futuro.

Y en términos de la situación política nacional, me parece que, pasadas estas celebraciones, se empieza a terminar el período de gracia del que ha gozado el nuevo gobierno, cuyo preámbulo pudo haber sido el secuestro y posterior liberación controversial de los turistas belgas y sus acompañantes.

La desesperación ciudadana es tal que no cabe la paciencia que requiere el gobierno de Álvaro Colom para tener el tiempo que le permita, por lo menos, ordenar la casa y poner a los funcionarios de primer nivel en sintonía, lo cual hasta ahora, y en tan poco tiempo, ha sido caótico. Unos dicen una cosa y otros afirman otra. Hasta el presidente y el vicepresidente han dado declaraciones que no son coincidentes, no digamos otro nivel de funcionarios.

Es previsible, aunque no deseable, que si continúan estas incoherencias gubernamentales —y, lo que es peor, no hay una percepción ciudadana de que se está caminando en dirección a enfrentar con éxito los problemas más urgentes y sentidos—, el descontento pueda producirse de manera generalizada y desbordar la gobernabilidad.

Por eso, los mentados diálogos, entendidos como mecanismos democráticos de buscar acuerdos sobre diversos temas de trascendencia nacional y para tratar de evitar desestabilizaciones, tienen al reloj en contra, y la credibilidad de los diversos actores sociales y políticos es aún más adversa.

Es urgente, para el bien de todos y la salud de la democracia, que el Gobierno sorprenda a los ciudadanos (as) con decisiones y acciones que demuestren una voluntad seria de enfrentar los problemas estructurales de este país, entre los cuales, sin duda, están la inseguridad, los poderes paralelos y la explosiva conflictividad agraria.

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