POCOS DÍAS HAN PASADO desde la decisión del presidente Álvaro Colom de vetar la ley por la cual le hubiera tocado la absurda tarea, resabio de los tiempos monárquicos, de tener la capacidad de indultar a los reos condenados a la pena de muerte. Todo lo ocurrido respecto de este espinoso tema en las últimas semanas constituye un vivero de situaciones, ninguna de ellas conveniente, pero posibles de resumir en una palabra: tragedias. Al hacer un análisis con un mínimo de serenidad, saltan inmediatamente a la vista todas las divisiones sociales escondidas, el precario mando presidencial con sus propios diputados, la debilidad del sistema judicial guatemalteco, la intromisión de la comunidad internacional y las presiones indebidas.

EL PRIMER TEMA es la situación de la bancada oficial. Fueron los propios diputados de la UNE los promotores de una ley cuyo único efecto real sería debilitar al presidente Colom. El motivo de pasarla fue un intento de buscar popularidad entre la población, desesperada por las acciones impunes de criminales de toda laya. Después vino la presión para el veto presidencial, abierta y sin tapujo alguno, a veces en forma de coacción, proveniente de países e instituciones extranjeras, por lo tanto ajenas por completo a la comprensión de la realidad guatemalteca, y con condiciones sociales, económicas y educativas absolutamente distintas a las de este nuestro pequeño y atribulado país, merecedor de mejor suerte, como se ha dicho tantas veces.

OTRA TRAGEDIA FUE la división religiosa. Los más altos líderes de este campo en el país tomaron partido. La iglesia Católica, fiel a su posición de defender a cualquier costo la vida humana, y la evangélica, cuyo criterio en este campo parece ser el de respetar las leyes humanas y de olvidarse un poco de las divinas. A primera vista, los católicos están contra la pena de muerte, y los evangélicos la apoyan, pero en la realidad hay católicos a favor de ese castigo, y evangélicos en contra. Es una nueva división en la familia guatemalteca, y por eso lo lamento tanto. Por eso no se puede hablar en términos de victoriosos y de derrotados. A mi criterio, todos perdimos, porque para terminar de complicar el problema, las consecuencias serán peores.

EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAÍS quedó maltrecho. No resiste los embates de las presiones, y por ello valdría la pena preguntarse si no sería mejor en todos los casos consultar a la comunidad internacional si nos permite tener unas leyes en vez de otras. Y desde la perspectiva de un grueso sector de la población, lo ocurrido constituye un espaldarazo para los criminales, cuyas acciones impunes provocan en la mayoría de la gente un desprecio o al menos fuerte desconfianza en la manera de impartir justicia, lo cual ya existe desde hace demasiado tiempo. No tengo idea de cómo calificarán lo ocurrido los asesinos profesionales, los integrantes de maras y toda clase de gente de esa calaña. Pero, a mi entender, deben encontrarse satisfechos.

AÚN FALTAN ALGUNAS acciones legales, pero el mal ya está hecho. No me sorprenderá si ocurre un ascenso en el número de hechos delictivos como el asesinato indiscriminado de choferes de camioneta, de portadores de teléfonos celulares, de transeúntes en las calles. Aumentará también, estoy seguro, el número de asesinatos selectivos de criminales conocidos, así como los crímenes de la absurdamente llamada “limpieza social”. Y con ello, el ambiente de inseguridad, de temor, sobre todo en los barrios marginales. La pena de muerte es un caso claro de escogencia entre lo malo y lo peor. Independientemente de mi criterio personal al respecto, lo ocurrido constituye una serie de tragedias de las cuales todos somos víctimas en una forma u otra.