Cuando los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia; Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela, se dieron las manos durante la reunión de los gobernantes del continente, celebrada en la República Dominicana, no quedó zanjada la totalidad de situaciones que generaron la más grave crisis política transnacional latinoamericana del presente siglo. Las aguas, en realidad, no han regresado a su nivel.

El tema que debe ser aclarado sin que quede lugar a duda alguna es la relación que los tres mandatarios y los tres países tienen con las Fuerzas Armadas Rebeldes de Colombia. La de Uribe es clara: simplemente no existe, porque se trata de un grupo ilegal, pero, sobre todo, inmoral, que ha tratado, sin éxito, pero a sangre y fuego y con una crueldad sin precedentes, de obtener el poder en ese país. La tortura que significa para las personas secuestradas y mantenidas por años prisioneras, en condiciones inhumanas, constituye la mejor prueba de esto.

Pero el asunto no es tan claro en el caso de los gobernantes Chávez y Correa, cuyas actitudes despiertan sospechas válidas. El venezolano ha luchado porque a las FARC se les otorgue “estatus beligerante”, en vez de ser calificadas de terroristas, como correctamente lo hacen Europa, Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Correa rechaza haber ayudado directa o indirectamente a los guerrilleros colombianos, al permitirles permanecer en territorio ecuatoriano, y junto con Chávez rechaza la legitimidad de los comprometedores contenidos de computadoras halladas en el lugar donde el Ejército de Colombia aniquiló a miembros de las FARC, incluyendo al segundo al mando.

El presidente Uribe pidió a la Interpol que investigue si los documentos son reales y si las computadoras fueron intervenidas para agregarles información falsa, lo cual, técnicamente, tiene dificultades muy serias. De ser comprobada la autenticidad de los documentos, Chávez y Correa quedarían en muy mal pie, al descubrirse que recibieron fondos dudosos para financiar sus campañas.

La investigación de la Interpol tiene, entonces, un enorme interés político al más alto nivel internacional, sobre todo latinoamericano. En numerosos países de este continente se ha hablado de la posibilidad, muy real en algunos casos, de que las campañas políticas electorales hayan sido financiadas por dinero sucio, proveniente del narcotráfico. Pero eso queda corto si se llegara a comprobar que esta vez los fondos, además de manchados, están literalmente mojados con las lágrimas de los cientos de víctimas y miles de familiares.

Sería un suicidio político para Uribe si no estuviera seguro de que la investigación de la Interpol confirmará la versión oficial de su gobierno, así que el asunto alcanza un nivel de importancia poco común. Lo que habría que pensar es cuál sería la reacción de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y qué ocurriría internamente en Venezuela y Ecuador. La crisis no ha terminado, sino nada más pasó de caliente a fría, no por ello menos grave.