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Guatemala, 14 de mayo de 2008

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Gestionan medidas a favor de condenados a muerte 

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La Defensa Pública Penal presentó una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que se haga una revisión de la condena de pena de muerte contra Dimas Samayoa.

En 1999 fue sentenciado a la pena de muerte por asesinato, homicidio, lesiones graves y portación ilegal de armas ofensivas. En el 2001, él solicitó el indulto presidencial, pero nunca se resolvió, pues Alfonso Portillo dejó en suspenso ese recurso.

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Por coralia orantes

Representantes de la Defensa Pública Penal, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no sean ejecutados 19 condenados a la pena de muerte.

Nydia Arévalo de Corzantes, coordinadora de la Unidad de Impugnaciones de la Defensoría Pública, informó que el 8 de mayo último se presentaron a la CIDH para pedir que se revoque la pena de muerte contra 19 reos.

Añadió: “Aún no hay una resolución, pero esperamos que, tal como se hizo en el caso de Fermín Ramírez y Ronaldo Ernesto Raxcacoj Reyes, se pueda revertir la pena de muerte de los demás sentenciados”.

En otro aspecto, en una audiencia privada, la CIDH presentó un informe sobre la situación de la pena capital en Guatemala.

En el documento se destaca que aún no se han hecho reformas al Código Penal en el caso de los delitos de asesinato y secuestro.

También afirmaron que uno de los problemas es que no existe legislación que conozca el recurso de gracia de los condenados.

El Estado de Guatemala, representado por Ruth Del Valle, comisionada presidencial para los Derechos Humanos, expresó que el Gobierno no se opone a las medidas que dicte la CIDH.

Expertos coincidieron en que hasta que no se decida respecto del vacío legal sobre el indulto, no se ejecutarán las condenas a muerte.

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