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Unos 15 dirigentes indígenas de Latinoamérica se entrevistaron, en Madrid, con Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional española que conoce la causa por el genocidio cometido en Guatemala, informó un despacho de la agencia de noticias internacional EFE.

La negación de justicia para los delitos de genocidio ocurridos durante el conflicto armado interno no es un problema exclusivo de Guatemala; prueba de ello es la reunión de los líderes efectuada ayer con Pedraz, en la cual clamaron por acceso a la justicia internacional.

Uno de los líderes es el boliviano Marleni Tzicap, quien informó que el objetivo de la cita era conocer respecto de las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre violaciones de derechos humanos.

Añadió que las pesquisas del juez español en Guatemala son importantes para los países latinoamericanos, ya que los Estados “se escudan” y no responden a las demandas locales de justicia.

Tzicap aseguró que las investigaciones de Pedraz en Guatemala, y las que hizo el juez español Baltasar Garzón en Argentina y Chile, “han dado luz” para conocer qué tipo de gestiones deben desarrollar en sus países.

El líder ecuatoriano Raúl Ilaquiche, premio Bartolomé de las Casas 2008, destacó: “Hacemos una lucha incansable por conseguir justicia”.

Afirmó que las investigaciones de la Audiencia Nacional son necesarias, porque las instancias nacionales “son insuficientes” y hay impunidad en violaciones de derechos humanos.

En la cita participó el relator de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya.

Buscan justicia

Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú, demandante en el proceso por genocidio en Guatemala y España, afirmó que la negación de justicia en Latinoamérica es común; eso motiva a sobrevivientes y líderes a buscar justicia internacional.

Añadió: “La jurisdicción universal es legítima y está vigente, por lo que se puede aplicar en cualquier parte del mundo por delitos contra la humanidad”.

Pedraz renunció en enero último a seguir trabajando con la justicia guatemalteca, por la negativa de las autoridades a colaborar. Afirmó que el Estado había asumido una actitud dilatoria.

A pesar de ello hubo avances, y once testigos han declarado en Guatemala ante un juez local, quien solo servirá de conducto para trasladar los testimonios a España.

Las narraciones desgarradoras de sobrevivientes de masacres, y los claros señalamientos de los responsables, abren una esperanza de lograr justicia para miles de víctimas guatemaltecas.