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El martes recién pasado, a las 18 horas, Misael Ávila Escobar, alcalde de Iztapa, Escuintla, fue el previsible protagonista de una variante de la violencia y la intolerancia imperantes en el país, cuando desenfundó su revólver y atacó a los miembros de su concejo, con el resultado trágico de un muerto y dos heridos.

Ante la imposibilidad de convencer a sus colegas ediles de la viabilidad de una municipalidad minada hasta sus cimientos por la corrupción, Ávila, de la Gran alianza Nacional (Gana) —al igual que otros seis integrantes del concejo—, apeló a la fuerza bruta cuando vio agotada su posibilidad de persuasión en un foro que es, por excelencia, tribuna de argumentación basada en la habilidad política y retórica fundamentada en la razón.

Evidentemente, Ávila no tenía otra forma de salir bien librado del escrutinio de un concejo que, pese a ser de su mismo partido político, estaba abrumado y alarmado de su corruptela, porque sus saqueos descarados tienen sumida a la comuna en una virtual quiebra, mientras los ojos de los vecinos y de la Contraloría de Cuentas están sobre los Q32 millones que dilapidó en la construcción de un puente, en la apropiación de los ingresos provenientes del uso de esa obra y en otras decisiones oscuras en las que, según sospechas, actuaba en contubernio con el tesorero y el secretario.

Como alcalde, Ávila ya era un delincuente disfrazado de autoridad y vestido con las prendas inmaculadas comunes a los ladrones de cuello blanco, porque sus fechorías en aquel lugar vienen desde el año 2004, cuando, para mala suerte de los iztapeños, llegó por primera vez al cargo. Por esa razón, se apilan en la Fiscalía 17 denuncias en su contra, con una kilométrica lista de delitos, entre ellos abuso de autoridad, amenazas, caso especial de estafa, incumplimiento de deberes, apropiación y retención indebidas, malversación y lavado de dinero.

Resulta sorprendente que con semejante prontuario judicial Ávila haya sido postulado para un segundo período por el partido Gana, cuyos dirigentes pregonan transparencia, y más pasmoso e inaudito aún, que los vecinos de Iztapa lo hayan favorecido con su voto, pues, como dice el refrán, “pueblo pequeño es infierno grande” y, por lo tanto, las debilidades y fortalezas de las autoridades son, siempre, bien conocidas.

No obstante, Iztapa no es el único lugar en donde tanto partidos políticos como votantes se equivocaron en la elección de sus autoridades, y ahora, ante sus desmanes y arbitrariedades, están totalmente arrepentidos. Ese error resulta caro, tanto en términos del saqueo de los recursos y el patrimonio edilicios, como en el deterioro de los valores comunitarios, pues no ha de ser fácil para las personas honradas cargar con el estigma social de ser gobernados por delincuentes.

Pero en la democracia nuestra solo la acción jurisdiccional —famosa por lenta, tardía e ineficiente— puede defenestrar a los malos funcionarios quienes, pícaros cual son, tienen habilidad para robar sin dejar huellas que los incriminen.

Esta pesadilla que vive ahora Iztapa debe abrir el entendimiento a los guatemaltecos para elegir con responsabilidad.