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El excesivo número de congresistas y su pobre y cuestionable desempeño es un tema altamente sensible en la opinión ciudadana, y por eso, cada vez que surge la oportunidad de expresarlo, manifiesta criterios contundentes en cuanto a su demanda porque el Congreso se reduzca y mejore la calidad de sus integrantes.

El sondeo denominado Voto Libre, publicado ayer por este diario, pone de relieve esa preocupación pública, porque siete mil 854 personas (el 97.3 por ciento) de siete mil 967 participantes respondieron afirmativamente a la necesidad de que haya menos de cien diputados.

Indudablemente, lo cerrado de la pregunta impidió que la mayoría de aquellas respuestas se ajustaran a niveles más reducidos de congresistas, como podrían ser 80 o mucho menos, porque aquel organismo ocupa desde hace varias décadas el dudoso honor de ser considerado como el más desprestigiado del Estado guatemalteco.

La pregunta de este matutino se originó por las propuestas existentes en el mismo Congreso, orientadas a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para disminuir el número de legisladores. Sin embargo, consideramos que es inconveniente efectuar en estos momentos esa reforma de manera aislada, porque vendría a constituirse en un parche más en una normativa en camino de recibir nuevos cambios en base del planteamiento integral que analizan, de manera conjunta, delegados del Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral.

Esa reforma integral debe respetarse y apoyarse, porque ganaría poco el país si solo se reduce el número de diputados pero no se legisla para mejorar otras debilidades marcadas en aquel organismo, como el nivel de profesionalización de los congresistas, su desempeño, su integridad ética y la seriedad y responsabilidad en su labor. Indudablemente, algunos de estos aspectos escapan al alcance de la Ley Electoral, y se debe, por lo tanto, propiciar su integración en la Ley Orgánica del Congreso y en otros reglamentos de carácter interno.

En cuanto a la reforma a la Ley Electoral, el número de diputados debe ser el mínimo para el funcionamiento de la democracia de un país pobre, en donde resulta vergonzoso el derroche de recursos en una casta principesca que vive rodeada de privilegios. Si no se determina un número fijo y se deja sujeto al número de habitantes, seguirá el problema, porque el crecimiento demográfico es constante y, consecuentemente, continuará el rechazo ciudadano a que se destine parte del presupuesto público para el sostenimiento de una clase política parasitaria.

De igual manera se debe abolir la infame práctica de elegir diputados por listado, y exigir que los candidatos tengan formación académica. También se necesitan procedimientos para verificar su desempeño, su fuero ético, el cumplimiento de la fiscalización que le exige la ley, y responsabilidad en su desempeño, entre otras cosas, para evitar que se saquen de la manga iniciativas de ley precipitadas, en las que prima el interés de protagonismo más que el de servir a la comunidad, o intereses espurios capaces de mover los resortes del casuismo.