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Debido a la manera espectacular pero fuera de la diplomacia como recibió ayer a Manuel Zelaya, presidente que fue destituido por el Congreso y la Corte Suprema de Honduras, Guatemala, por medio del presidente Álvaro Colom, abrazó de manera abierta frontal la causa del retorno del visitante a la silla presidencial del hermano país. Más allá de las complicadas y numerosas consideraciones políticas e ideológicas que el caso despierta, el gobierno guatemalteco necesita explicar algunas interrogantes que se harán tanto quienes apoyan como quienes rechazan lo ocurrido hace tres semanas.

El tema principal se refiere a la Constitución de Honduras, que a causa de la larga historia de golpes de Estado en ese país es una de las que en el continente americano más castiga tanto a estos cambios violentos como a quienes los promueven. Por eso es que esa carta magna señala que es “obligatoria” la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, y constituye “delito de traición a la patria” infringir esta norma. Como si no fuera poco, pierde la categoría de ciudadano quien de cualquier manera “incita, apoya o promueve” el continuismo o la reelección.

Esa constitución no se detiene allí. Indica que quedará inhabilitado por 10 años para el ejercicio de ninguna función pública y “cesará en el desempeño de sus cargos” el funcionario que intente hacer cambios a este respecto. Esas son las causas por las que la Corte Suprema, el Poder Judicial, el Congreso, la Procuraduría General y la Fiscalía se opusieron a hacer la consulta popular que luego se convirtió en “encuesta” y cuyo fin era, ahora o después, introducir la reelección presidencial.

Por aparte, esa misma Constitución obliga al Ejército a defender la Constitución, e impide a cualquier persona obedecer órdenes ilegales. Se trata entonces de un caso complicado, porque el propio presidente Zelaya expresó en el pleno de la ONU que llegó a la Fuerza Aérea Hondureña para sacar las papeletas electorales y enviarlas al resto del país, por medio de organizaciones populares. Cabe la posibilidad de interpretar esto como uno de los motivos para que cayera en lo previsto por la Carta Magna.

Es inaceptable que se piense justificar las acciones presidenciales porque se le intente quitar validez a la Constitución hondureña, que cuando fue redactada, hace más de 20 años, respondía al clamor popular de dejar candados para impedir la continuidad en el ejercicio presidencial. Es importante señalar que este criterio puede incluso ser discutible, pero el caso es que una base fundamental para el ejercicio democrático es el respeto a las leyes, y sobre todo a las constituciones, por lo cual es inconveniente cambiarlas o reformarlas de cualquier manera.

El abierto apoyo hoy comentado puede tener resultados negativos en el campo económico, si Honduras decide cerrar las fronteras o poner valladares al comercio. Pero ese es otro tema, acerca del cual el gobierno de Álvaro Colom deberá referirse con toda claridad cuando termine la visita de Manuel Zelaya a tierras guatemaltecas.