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Eduardo Arévalo Lacs, ministro de la Defensa durante la administración de Alfonso Portillo, pasó ayer a ser el nuevo huésped del sector 12 del Centro Preventivo para Hombres, zona 18, porque no logró pagar la fianza de Q40 millones que se le fijó por su vinculación en el desfalco de Q120 millones en aquella dependencia, en el 2001.

Marta Sierra, jueza octava de Instancia Penal, halló indicios de la participación de Arévalo, general retirado, con el desvío millonario, y fue procesado por peculado.

Sierra argumentó que se le imponía esa fianza, con base en la cantidad que se defraudó al Estado, la cual se dividió entre Arévalo y otros dos sindicados en el proceso.

Ellos son los militares retirados Jacobo Edras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, quienes ayer pasaron a ser prófugos de la justicia, ya que no fueron localizados en sus residencias, en la zona 17.

Los militares estaban a cargo de la seguridad de Portillo.

Arévalo fue capturado en su casa —9a. avenida 15-83, apartamento 11-02, Torre Castelan, zona 10—. Después fue trasladado al Juzgado Octavo de Instancia Penal, para que declarara sobre el desvío del dinero.

Por no haber pagado la fianza, el ex ministro fue enviado a prisión, ya que la jueza lo benefició con arresto domiciliario, prohibición de salir del país, arraigo y la obligación de firmar el libro de asistencia, en la Fiscalía, cada ocho días.

Al salir del juzgado, Arévalo expresó: “Esta fianza está fuera de contexto, y es un atropello jurídico, porque ¿quién va a tener Q40 millones para pagar?”

Calificó el fallo de persecución política contra funcionarios del gobierno de Portillo, a quienes dijo que se ha acusado sin pruebas, como en su caso.

Agregó que su proceso es una copia del que está en el Juzgado Quinto, donde está procesado Portillo.

La acusación

La Fiscalía Especial del Ministerio Público (MP) para la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) sindica a Arévalo de que, como ministro de la Defensa, avaló la modificación presupuestaria 16-2001, para inyectar Q120 millones a esa cartera, aparentemente para fortalecer sus programas de trabajo, a efecto de salvaguardar la soberanía.

Para desviar ese dinero de manera anómala, Arévalo ordenó la emisión de dos cheques —de Q78 millones y Q42 millones—, que luego salieron de cuentas del Ejército, por medio de certificaciones, pero sin documentos de respaldo ni justificación, como secreto militar.

De los Q120 millones, Q34 millones fueron trasladados por Salán y Rojas al Crédito Hipotecario Nacional, donde Armando Llort, amigo de Portillo, depositó ese dinero en varias cuentas personales.

Las pesquisas determinaron que varios cheques fueron cobrados por supuestos trabajadores, quienes entregaban después el efectivo a altos jefes militares, entre ellos Portillo y Arévalo.

Cuatro testigos dan fe del desfalco. La defensa del ex ministro aseguró que apelará el fallo.