Según datos que proporcionó la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) del Ministerio Público (MP), este año se han recibido más de tres mil denuncias sobre distintos delitos, y resalta que el 80 por ciento han sido por violencia intrafamiliar, que incluye abuso sexual a menores.
Los municipios más afectados son Totonicapán, Momostenango y Santa María Chiquimula.
Eddy Alexánder Medina, encargado de la OAV, explicó que la mayoría de víctimas son niñas de entre 9 y 15 años, y muchas provienen de familias de escasos recursos.
Agresores
Medina puntualizó que la mayoría de agresores son familiares o conocidos de las víctimas. Agregó que en agosto y septiembre se cometen más estos hechos y se cree que es porque las milpas han crecido y los atacantes pueden llevar a sus víctimas a esos lugares sin ser vistos.
Medina añadió que las agredidas necesitan atención inmediata, pero no es posible que el Estado se los proporcione, pues para dar un buen tratamiento se necesitan muchas sesiones de terapia, y en Totonicapán no se cuenta con ese servicio.
Miguel Ángel Noriega, presidente del Tribunal de Sentencia de Totonicapán, aseguró que durante los dos primeros trimestres del año se han resuelto al menos 20 casos de violación, en los que los agresores han sido juzgados y se han impuesto condenas que van de ocho hasta 20 años de prisión.
Urge campaña
Noriega dijo que es preocupante el alto índice de delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, por lo que es necesario que se realice una campaña de prevención que involucre a autoridades, establecimientos educativos, familias e iglesias, para que se imparta formación a jóvenes, especialmente sobre respeto a la mujer.
Resaltó que la población debe tomar medidas de precaución para evitar ser víctimas de este flagelo.
Eusebio Hernández, vicepresidente de la junta directiva de los 48 cantones, expuso: “En las comunidades ya se ha conocido sobre casos de violaciones, los cuales los mismos alcaldes han denunciado; sin embargo, es bien sabido que las autoridades de justicia, en la mayoría de casos, no les han dado seguimiento a las denuncias, además de que se cuenta con muy poco personal de la Policía para que vigile las áreas peligrosas en donde han ocurrido los abusos”.
Agregó que como organización civil exige mayor presencia de la Policía en Totonicapán.
Karin Linares, de la auxiliatura departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos, afirmó que es necesario que el Gobierno mejore la seguridad en ese departamento, para evitar que se cometan más violaciones.
